Por Jose Nuñez.
Asimismo como suena en el título que encabeza este artículo, hay que ya, pero inmediatamente, para los próximos procesos electorales de febrero y mayo del año que viene, introducir, evaluar a través de las encuestas, los impactos que provoca en los resultados finales de las elecciones, la compra de cédulas en los dos días previos y el mismo día de las votaciones.
Es un tema que muchas veces lo han subestimado y ya se ha convertido en una cultura electoral en el país, no ha importado nada, incluso, ni que en la propia Ley Orgánica del Régimen Electoral dominicano se prohíba esa práctica hasta con cárcel.
Y es un tema muy complejo, porque resulta que los propios propietarios de sus documentos para ese día, son los que se brindan, no es como en años anteriores, en las décadas de los 70, 80 y de los 90, que los compradores del documento para impedir el voto, o hacer que lo ejerza por su candidato, iban tras las personas a comprarles su cédula de identidad y electoral.
No señor, ahora son muchos los votantes que van tras los que piensan que pueden darles desde 200 hasta 2000 pesos por dicho documento.
Todo eso es un verdadero mercado de compra y venta de ese documento de identidad, donde su precio se relaciona con la provincia de que se trate, con el día y la hora que se compre, con la cantidad de oferentes que haya, y hasta cómo va la competencia en la demarcación, para después de todas esas variables, determinar el precio final.
También va a depender de a quien esté usando como intermediario el aspirante al cargo electivo, si el candidato es un tipo adinerado o es un chimi churri, es decir, un político pobre, las ofertas en el precio pueden variar, porque además, se da una competencia entre los aspirantes.
En Todo esto puede haber momentos en que la transacción se hace en los días previos a las elecciones, aunque el día más activo de la compra y venta de cédulas es, en el de las votaciones.
El conversatorio del que compra y del que vende su documento, es algo así como un precontrato entre las partes, que sin que sea un compromiso legal, pero si verbal, se intercambian desde; un lugar a donde juntarse el día D, las direcciones, los números de sus celulares y los del WhatsApp, también recomiendan esos vendedores a otros oferentes.
Un ejemplo que dio pánico, fue lo que se evidenció en el anterior y recién pasado certamen electoral, básicamente, en el de los peledeístas, ya que en sus primarias abiertas del 6 de octubre, en muchos lugares, la compra y venta de cédulas se hacían a la luz pública.
Entonces, cuando se buscaba alguna autoridad militar, simplemente decían, «esa no es mi responsabilidad, lo de nosotros es de aquí adentro para afuera; garantizar el orden en el centro
de votación».
Parecía como si esas autoridades militares estaban instruidas al respecto, y también los compradores se sentían apoyados, porque les daba un pito que se sepa que los vean en esas acciones de comprar cédulas, que los graven o que se lo digan a los militares apostados en los centros de votaciones.
Inclusive, los más agresivos comprando o alquilando el documento de identidad, iban y se colocaban al frente o en los lados, muy próximos a las entradas de los centros de votaciones, también usted podía notar que para la mayoría de la gente que se dirigían a votar, veían ese procedimiento como algo normal, salvo honrosas excepciones.
En las primarias del recién pasado 6 de octubre, en el PLD, usted puede notar, que aunque hayan pruebas documentadas con grabaciones, testigos presenciales y testimonios con la acción de compra y venta de cédulas, que según el Movimiento Cívico Participación Ciudadana, «alcanzó el 32%», los ex peledeístas del grupo de Leonel Fernández, que a la sazón del tema, son los que están alegando y demostrando que les hicieron fraudes, aun así, no se animan a presentar este sólido argumento legal como una prueba.
No parece tener validez, que en nuestra Ley Orgánica del Régimen Electoral, la número 15-19, del 18 de febrero de 2019, castiga con penas de prisión desde 2 hasta 5 años la compra y venta de la cédula de identidad y electoral; en su primera prueba de las elecciones primarias recién concluidas esta ley fue letra muerta.
Aunque toda esa dejadez en no denunciar el mercado de compra y venta del documento de identidad entre el sector que se siente engañado dentro del PLD, es porque en el país no se le da mayor importancia a esa infracción electoral que nos la han impuesto como una cultura, y en muchas ocasiones, le tergiversan el nombre a la compra y venta de cédula, mal llamándola, logística.
Entonces, de seguir el país por ese rumbo, es una experiencia nefasta, fatal, muy negativa para la democracia, es que la permisibilidad de esa aberración por parte de la JCE en las elecciones, sin importar el nivel de las mismas, debe pararse ya, porque lo prohíbe taxativamente hasta con penas de cárcel nuestra Ley Orgánica de Régimen Electoral, la número 15-19.
